- Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso-- quiere decir lo que yo quiero que diga... ni más ni menos.
- La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
- La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda... eso es todo.
Lewis Carroll.
Costa Rica, el país de las maravillas, ha decidido resguardar su felicidad a toda costa y por todos los medios necesarios y/o excepcionales. “Construimos un país seguro” es el lema que aparece impreso en toda la documentación oficial del Poder Ejecutivo costarricense. De entrada esta frase nos parecería irrisoria, una tontería más de la nada culta y retrógrada oligarquía nacional.
¿Quién no se apresuró a hacer mofa de la frase, aseverando que los delincuentes desestimarán cometer sus fechorías al leerla?
Quizás una frase como esta, con una fuerte esencia autoritaria, no diga nada, pues “no responde a ninguna ideología, porque no lo rige ninguna idea, sino que es justamente todo lo contrario: es el vacío del pensamiento1”. O quizás lo dice todo, pues ninguna noción es inocente.
La inocencia de la noción utilizada no está tan determinada por sus significados, sino por las intenciones de quienes la emiten. Ya lo evidenciaba Lewis Carroll en el diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty, sobre la importancia de quién es el enunciante. Así también lo explicaba Carl Schmitt, el ius-filósofo nazi, a quien utilizaremos para comprender a los fascistas nacionales que asaltaron el poder: “el dueño del auténtico poder también está en situación de establecer por sí mismo la definición de los conceptos y los términos. Caesar dominus et supra grammaticam: el emperador también reina sobre la gramática2”.
En este caso, la noción de seguridad es la que presenta un sentido polémico, pues su lógica inmunitaria evidencia una formulación con vistas a un antagonismo concreto, es decir, está vinculada “a una situación concreta cuya consecuencia última es una agrupación según amigos y enemigos3”. Para comprender esta noción y otras de este tipo, es necesario saber a quién o quiénes “en concreto se trata en cada caso de afectar, de combatir, negar y refutar con tales términos4”.
Al presentarse como una distinción política específica entre amigo y enemigo, se tiende a la consolidación de una unidad política que no acepta disidencia alguna, por lo que cualquier protesta contra la estructura normativa de la sociedad o contra las políticas gubernamentales es visto como una muestra de enemistad y por tanto una amenaza social que debe ser combatida por todos los medios. Todos nos convertimos en personas potencialmente peligrosas y, por tanto, en objeto de vigilancia. Nuestra latente peligrosidad obliga a tomar medidas drásticas, excepcionales, para mantener el orden establecido, aunque eso implique suspender al mismo orden que se dice proteger. De ahí que “la supresión de derechos, encaminada no a la reparación del daño en un sentido amplio, sino al combate de una fuente de peligro, es lucha y -con ello- guerra5”.
En otras palabras la frase “construimos un país seguro” nos remite a la máxima protego ergo obligo, es decir que al presentarse como protectores contra las amenazas presentadas como inminentes, se arrogan el dominio de lo político, y con ello la capacidad de determinar quién es el enemigo, sobre la base del nexo indisoluble entre protección y obediencia.
De lo anterior, se llega a la conclusión que esta frase no fue ideada para combatir la delincuencia, ni su público meta son los delincuentes. Más bien está dirigida hacia una población en general a la que se le amenaza de que cualquier oposición a lo establecido se le combatirá por todos los medios que el Ejecutivo considere necesarios para mantener su dominio. En otras palabras, en su proceso de construcción y consolidación de una unidad política total, en el que se distinguirá entre amigos y enemigos, la frase no es otra cosa que una declaratoria de guerra.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿cómo piensan construir un país seguro? Pues muy sencillo, consolidando un Estado Policiaco-Militar que no sólo garantice el máximo de obediencia, sino también que permita reprimir indiscriminadamente cualquier disidencia.
Frente al hundimiento de la economía mundial, la administración Chinchilla hace uso del terrorismo de Estado para imponer su agenda, como lo evidencian las declaraciones del grupo económico del gobierno, tras su reunión con los representantes del Banco Central de Costa Rica para analizar la actual situación internacional. El vicepresidente Libermann sostuvo qué “A diferencia de 2008, hoy tenemos menos herramientas para mitigar los efectos de una crisis. Ante la situación fiscal actual, ampliar los gastos sería mucho más difícil, sino imposible”, concluyendo qué: “Sin reforma fiscal, los grados de maniobra son casi nulos”.
Pero sus palabras son, en realidad, las del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo evidencian las declaraciones de su director para el Hemisferio Occidental, Nicolás Eyzaguirre, en la X Conferencia Regional Anual del FMI, quien afirmó que Centroamérica está “menos preparada” para hacer frente al colapso de la economía mundial y, por tanto, debe fortalecer sus defensas fiscales, lo que “significa tener espacio para gastar en la eventualidad que haya una crisis”
Sin embargo, frente al miedo por un posible desplome económico por nuestro deficitario sistema fiscal, la administración Chinchilla, logra que se apruebe en un primer debate en el Congreso, que a las sociedades anónimas se les cobre un impuesto de ¢158.000 (aproximadamente $315), con el objeto de recaudar unos ¢37.000 millones anuales ($75 millones, aproximadamente) que se destinarán a la “Seguridad Ciudadana”. Impuesto que recuerda más bien al “impuesto para la defensa nacional”, por el que abogó la misma Chinchilla en lo más álgido del conflicto con Nicaragua, argumentando que el país requería “proteger” su territorio.
Pero se hace necesario contextualizar dicha suma para comprender su significado en la consolidación del Estado Policiaco-Militar. Lo recaudado anualmente por este impuesto debe sumarse a lo ya presupuestado anualmente para el ministerio de Seguridad6, que para el 2011 tiene asignado ¢157,874,000,000 (unos $320 millones), que destina la mayor parte de su presupuesto al rubro de “Seguridad Ciudadana”, ¢123,125,322,000 ($245 millones, aproximadamente). A dicho monto también se le deben agregar los $132 millones (aproximadamente unos ¢67,000 millones), como préstamo del BID destinado a seguridad, que el gobierno está solicitando su aprobación al Congreso. La suma de dinero que se destinará para el Ministerio de Seguridad irá aumentando según lo presupuestado cada año, mientras tanto, vivimos un abierto proceso desmantelamiento de las Universidades Públicas, a las que se les recorta su presupuesto, bajo la excusa de que no hay recursos para su sostenimiento.
Pero no podemos quedarnos allí, pues no son los únicos gastos en los que incurre el Estado en materia de seguridad. Debemos sumar, además, los dineros presupuestados para el Ministerio de la Presidencia en materia de seguridad: La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), nuestra policía política; y la Unidad Especial de Intervención (UEI), nuestras tropas especiales, entrenadas por el Comando Sur de EEUU en la Escuela de las Américas.
El Ministerio de la Presidencia tiene presupuestado para el 2011, ¢8,702,000,000 ($18 millones, aproximadamente), de los cuales el 45.51% se destina a seguridad: para la DIS el 31.76%, es decir¢2,763,704,000 ($6 millones, aproximadamente). Y el 13.75% restante a la UEI, ¢1,196,776,000 ($3 millones, aproximados).
El 54.49% restante de lo presupuestado para el Ministerio de la Presidencia es designado al rubro “Administración Superior”, que destina el 48.94%, es decir ¢ 2,320,169,000 (aproximadamente $5 millones) al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad encargada de la guerra contra las drogas. Lo que nos muestra que el 94.45% de lo presupuestado para el Ministerio de la Presidencia se destina también al campo de la seguridad.
También debemos sumar lo destinado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que para el 2011 tiene presupuestado la suma de ¢59,839,228,000 (unos $120 millones), es decir el 22.40% destinado al Ministerio de Justicia. Esto en cuanto a la siempre disposición del OIJ para reprimir violentamente, sobre todo si son estudiantes universitarios.
Tampoco podemos olvidar los dineros enviados vía cooperación internacional para el mismo rubro de la seguridad. Por ejemplo lo destinado para Centroamérica de la Iniciativa Mérida ($65 millones para cada nación centroamericana), así como lo destinado vía Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), una extensión de la Inciativa Mérida, que inicialmente tenía presupuestado $165 millones, separados de lo destinado a la Iniciativa Mérida, para Centroamérica y su guerra contra el narcotráfico.
No podemos olvidar, al tener presente estas cifras, que estamos en un abierto proceso de militarización y de constitución de un violento Estado Policial, que se ha llegado al punto de que se den procesos de tortura y ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos en nuestras cárceles; la reactivación de grupos paramilitares como “Costa Rica Libre”; ocupación militar; participación en ejercicios militares conjuntos, algunos realizados en el país. Además de un abierto y descarado saqueo de las instituciones estatales como la Caja Costarricense del Seguro Social, así como la gran cantidad de manifestaciones sociales, que reclaman sus derechos. Todo esto en contubernio con la iglesia católica costarricense, hartamente desprestigiada por sus abiertos atropellos a los Derechos Humanos y corrupción. Y por guardar silencio, la iglesia fue recompensada por el gobierno, con un nuevo concordato.
Ante este contexto, esta exorbitante suma de dinero para “seguridad”, en manos de una oligarquía entreguista, inculta y retrógrada, con abiertas intenciones militaristas y siempre anuente a aceptar cualquier invitación del Ejército de EEUU a invadir el territorio nacional, sólo evidencian que el país sí se está preparando para hacer frente al colapso mundial, específicamente a uno de sus aspectos más atroces, la guerra civil-social, que conlleva a la persecución, criminalización, violación flagrante de Derechos Humanos mediante tortura, y la eliminación sistemática de cualquier disidencia. Cabe recordar que la enemistad es la esencia de la guerra, y el Estado, por su condición de unidad política, le es atribuido inherentemente, el ius belli, es decir, “la posibilidad real de, llegado el caso, determinar por propia decisión quién es el enemigo y combatirlo7”. En otras palabras, el ius belli implica la capacidad de disposición, es decir, “la doble posibilidad de requerir por una parte de los miembros del propio pueblo la disponibilidad para matar y ser muertos, y por la otra de matar a las personas que se encuentran del lado del enemigo8”
No olvidemos que esta administración ya declaró quienes son realmente sus enemigos: “los grupos radicales” que se opongan al saqueo del país, sentando así las bases de una declaratoria de guerra civil-social y la disposición de matar/morir de cada una de las personas que conforman esta nación.
A lo anterior debemos sumar las palabras del sátrapa nacional, Óscar Arias, quien afirmó que “Gobernar es educar, no complacer”. Dicha frase no sólo evidencia su despotismo y menosprecio por todo lo “democrático”, sino que además hacen gala de una lógica del poder disciplinario presente en las peores dictaduras de seguridad latinoamericanas. Son pues, una invitación a la totalización del Estado y por ende, la represión de cualquier disidencia.
La frase “Construimos un país seguro”, no es más que el envío de un mensaje en el que “se refuerza como prejuicio la convicción de que un mundo que se desordena se puede ordenar con disciplina impuesta con represión indiscriminada9”.
Consolidando un Estado Policiaco-Militar, el gobierno se prepara para hacer frente a las consecuencias inmediatas del colapso mundial: la protesta social que aboga por alternativas.
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2Ver Schmitt, C. (1932). El imperialismo moderno en el derecho internacional público. En Orestes, H. (2004). Carl Schmitt, teólogo de la política. México DF.: FCE. p. 112.
4Schmitt, C. (2009). Op. Cit. p. 61.
5Jakobs, G; Polaino-Orts, M. (2009). Terrorismo y Estado de Derecho. Colombia: Universidad Externado de Colombia. p. 42.
6Todas las cifras son tomadas del presupuesto nacional 2011, que puede ser consultado desde el sitio de la Asamblea Legislativa: www.asamblea.og.cr
7Schmitt, C. (2009). Op. Cit. p.74.
8Schmitt, C. (2009). Op. Cit. p. 75.
9Zaffaroni, E. (2006). Op. Cit. p. 74.
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